El pronunciamiento de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, abrió un episodio en la relación comercial entre Colombia y Ecuador.
Morales Rojas cuestionó que la eliminación de los aranceles fuera presentada como un gesto político y sostuvo que la supresión de las restricciones comerciales respondió al cumplimiento de decisiones adoptadas en el marco de la Comunidad Andina (CAN), no a conversaciones entre dirigentes. También advirtió que las disposiciones aplicadas en meses previos alteraron la relación comercial, afectaron las cadenas productivas y generaron costos para las comunidades de frontera.
“Los hechos hablan por sí solos. Durante meses, una decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano perturbó una relación comercial profundamente complementaria, afectó el tejido empresarial de ambos países, interrumpió vínculos productivos construidos durante décadas y generó costos para las comunidades que dependen de la integración económica a lo largo de la frontera”, dijo la funcionaria.
El Gobierno colombiano reaccionó mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Es una demostración de que las medidas de política comercial no producen efectos abstractos ni se agotan en el debate político. Mucho menos deberían convertirse en instrumentos de contingencia electoral”, dijo la ministra de Comercio de Colombia.

Según ese pronunciamiento, atribuir la medida a motivos electorales desvirtúa su carácter jurídico e institucional y puede generar incertidumbre entre los sectores productivos de ambos países.
Morales Rojas remarcó que presentar la eliminación como un gesto político era incorrecto y podía generar confusión económica y social en las comunidades afectadas.
“Sus consecuencias recaen sobre las empresas, los trabajadores, los productores y los territorios cuya prosperidad depende de reglas estables, confianza mutua y certeza institucional. Las reglas comunitarias no son una mera formalidad legal. Son una garantía de estabilidad, confianza y prosperidad para quienes viven de la actividad productiva a ambos lados de la frontera”, afirmó Morales.
Para el Gobierno colombiano, el levantamiento de los aranceles supuso un retorno a la normalidad comercial y reafirmó el valor vinculante de los acuerdos regionales.

En declaraciones públicas recogidas por medios locales, la ministra también vinculó el deterioro de la relación comercial con riesgos para la actividad económica y sostuvo que, en el caso de Ecuador, existía un contexto de financiamiento internacional que podía verse afectado por episodios de tensión.
Desde Quito, el presidente Daniel Noboa defendió la postura de su gobierno al explicar que los aranceles y la “tasa de seguridad” se adoptaron por motivos de seguridad interna, sin vinculación a diferencias con Colombia. En una comunicación virtual del 29 de mayo con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, Noboa sostuvo que desde el 1 de junio se levantaría la “tasa de seguridad” y habría “cero%”.
“El problema nunca fue contra Colombia. El problema fue por un gobierno que no le daba la gana por la seguridad de su propia frontera. Estoy convencido que con su fuerza lo va a lograr este fin de semana y desde el primero de junio tendrá levantada la tasa de seguridad. Habrá 0% de tasa de seguridad”, explicó Noboa en su cuenta oficial de X.
El mandatario atribuyó la decisión a necesidades propias de seguridad fronteriza y expresó que el ambiente en la frontera podía mejorar a partir de la cooperación binacional. En ese marco, presentó la medida como parte de un entendimiento para reforzar la cooperación en comercio, energía y seguridad.
La discusión sobre las restricciones comerciales tuvo impacto en el tejido empresarial y en las comunidades de frontera, donde una parte de la actividad depende del intercambio bilateral. Voceros del Gobierno colombiano insistieron en que el canal institucional para resolver controversias comerciales es el sistema andino y que las decisiones deben explicarse bajo ese marco para evitar lecturas políticas.
El presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a la relación con Ecuador en declaraciones difundidas por medios, en las que expresó disposición para la cooperación bilateral.