La Policía Federal Argentina (PFA) realizó este viernes cuatro allanamientos en dependencias del Banco Industrial y del Banco Hipotecario, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con Sur Finanzas, la empresa del financista Maximiliano Ariel Vallejo, relacionado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, con intervención de la Secretaría N.º 11, a cargo de Vanesa Alejandra Curcio, en el marco del expediente FLP 29107/2025.
Según información de la causa a la que accedió Infobae, los operativos alcanzaron dos sedes del Banco Industrial, ubicadas en las avenidas Maipú 1210 y Santa Fe 880, en la Ciudad de Buenos Aires. También se allanaron dependencias del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, en el centro porteño, y en Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo, partido de La Matanza.

El objetivo de las diligencias, llevadas adelante por cuatro brigadas policiales, con dos móviles identificables y la colaboración de contadores públicos de la División Lavado de Activos, fue secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial que permita reconstruir las operaciones investigadas. Entre los elementos buscados figuran estados de cuenta, registros de transferencias, contratos, comprobantes de pago y documentación sobre movimientos de dinero, activos, acciones y títulos.
La Justicia también busca determinar si funcionarios de las entidades bancarias facilitaron deliberadamente las maniobras investigadas o incumplieron sus obligaciones de control como sujetos obligados a prevenir el lavado de activos. En el caso del Banco Industrial, las medidas incluyeron el requerimiento de actas de directorio, documentación de los comités de riesgo y cumplimiento, correos internos y legajos relacionados con la aprobación de operaciones.
Uno de los puntos examinados es el funcionamiento de una cuenta de Sur Finanzas PSP S.A. en el Banco Industrial, por la que circularon aproximadamente 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el banco había comunicado el 12 de julio de 2024 que cerraría esa cuenta y había fijado un plazo de 60 días para concretar la medida. Sin embargo, la cuenta continuó activa y, desde el 11 de septiembre de ese año, registró ingresos por más de 1,416 billones de pesos a través de más de 15 millones de operaciones. Ese monto representa aproximadamente el 81,6% del total analizado.
Otro de los datos examinados es que, en marzo de 2025, el Banco Industrial le ofreció a Sur Finanzas dos servicios digitales, denominados API Banco y API CVU, por 1.166.247,88 pesos más IVA, pese a que meses antes había comunicado el cierre de la cuenta.
La Justicia busca establecer qué ingresos obtuvo la entidad bancaria por su relación comercial con Sur Finanzas y si aplicó los controles correspondientes. También analiza presuntas inconsistencias en la información presentada por la financiera ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y la señalada falta de un manual de prevención del lavado de activos.
En otra línea de la pesquisa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó operaciones realizadas a través de la billetera virtual por 1.563 contribuyentes, entre ellos monotributistas de categorías bajas, personas no inscriptas y empresas incluidas en la base eApoc, que reúne contribuyentes vinculados con facturación apócrifa.
Según los datos bajo análisis, ese conjunto habría canalizado cerca de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma. Los investigadores examinan la capacidad económica de los usuarios, el origen de los fondos y su posible vinculación con operaciones de compraventa de bienes e irregularidades impositivas.
La pesquisa también identificó transferencias desde el Banco Hipotecario hacia Pagos Dica S.A. por unos 14.898 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.
La fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que la estructura investigada habría utilizado distintas sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales para movilizar fondos de presunto origen ilícito. La hipótesis abarca operaciones realizadas entre 2020 y 2025, incluidas transferencias entre empresas relacionadas, depósitos en efectivo y movimientos de personas cuya capacidad económica declarada no se correspondería con los montos registrados.

Las entidades bancarias ya habían sido alcanzadas por medidas judiciales a comienzos de noviembre. En esa oportunidad, el Grupo BIND informó que había recibido un requerimiento judicial y aclaró que ni la entidad ni sus accionistas o funcionarios formaban parte de la denuncia. También aseguró que colaboraba con las autoridades para aportar la información solicitada.
El pasado 6 de noviembre, Rodríguez Ponte procesó a Vallejo, otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con Sur Finanzas, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y otros delitos económicos.
El magistrado consideró al empresario presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. También dispuso un embargo de 40.000 millones de pesos sobre sus bienes y ordenó su prisión preventiva, bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Vallejo había sido detenido el 23 de octubre por incumplir las obligaciones de presentarse mensualmente ante el juzgado y mantener informado su domicilio. Tres días después, el juez rechazó su excarcelación por considerar que existía riesgo de fuga, entre otros motivos, por sus vínculos con numerosas sociedades, cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros.
El expediente se inició a partir de una denuncia de Auriga League S.A. relacionada con un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield que, según la empresa, no fue devuelto. Posteriormente, la investigación se extendió hacia las operaciones de Sur Finanzas y otras sociedades vinculadas, con el objetivo de establecer el origen y destino de los fondos y las personas que intervinieron en su circulación.