Buenos Aires, 30 julio (NA) – Entidades de taxis y remises de Mar del Plata denunciaron que el intendente Agustín Neme las dejó afuera de las reuniones utilizadas para definir la reglamentación de las aplicaciones de transporte, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre.
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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Pablo Sánchez, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis y de Servitaxi, cuestionó este 30 de julio que el Ejecutivo convocara solamente a un sector sindical y a representantes de las plataformas.
Sánchez sostuvo que la reunión debió incluir a todas las organizaciones con representación comprobable entre taxistas, remiseros y trabajadores del sector.
El planteo surgió después de que Neme recibiera en su despacho a integrantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y a representantes de aplicaciones para avanzar en el diseño operativo de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
Durante el encuentro se trataron el padrón de conductores y vehículos, la licencia profesional, el certificado de antecedentes, la identificación exterior de los autos y el límite de quince años de antigüedad.
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También se analizó el procedimiento de inscripción de las empresas en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad.
La ordenanza comenzará a regir el 1° de septiembre y abrirá un plazo para que Uber, Cabify, DiDi y otras plataformas se adapten a las exigencias locales.
La reglamentación es determinante porque establecerá cómo se controlarán los requisitos, qué información deberá aportar cada empresa y qué organismo municipal verificará a los conductores.
Sánchez calificó el encuentro como una reunión realizada con sectores afines. La expresión constituye una acusación política de la entidad y no demuestra por sí misma la existencia de favoritismo.
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El cuestionamiento sí revela una falla de participación: el Municipio no publicó previamente una convocatoria abierta, un listado de asistentes, una agenda de trabajo ni las actas de las reuniones.
Neme puede recibir a los interlocutores que considere relevantes, pero no debería transformar encuentros reservados en el único mecanismo para definir condiciones que afectarán a miles de trabajadores y usuarios.
La regulación llega después de años de conflicto entre los servicios tradicionales y las aplicaciones. Los taxistas reclamaban igualdad de exigencias, mientras los conductores de plataformas pedían que la actividad dejara de ser perseguida como transporte ilegal.
El texto aprobado dispone que las empresas mantendrán responsabilidad sobre el registro de sus choferes. Ese esquema vuelve central el control municipal, porque delegar información en las propias plataformas puede resultar insuficiente si no existen auditorías y sanciones.
En el Concejo Deliberante todavía se discute un régimen específico de penalidades. La ausencia de esa herramienta fue señalada durante el debate como una de las debilidades de la ordenanza.
El Ejecutivo deberá informar qué entidades fueron invitadas, bajo qué criterio se seleccionaron y si habilitará una instancia pública antes de firmar la reglamentación definitiva.
También tendrá que precisar quién verificará antecedentes, licencias, seguros, revisiones técnicas y antigüedad de los vehículos, además de establecer mecanismos para recibir denuncias de pasajeros y trabajadores.
La próxima etapa será la publicación del decreto reglamentario. Hasta entonces, las entidades excluidas reclaman participar antes de que las condiciones queden cerradas.
Agencia NA