Una caída en la vereda en la ciudad de Brandsen, en la provincia de Buenos Aires, llevó a una reclamante a iniciar un proceso judicial por daños y perjuicios, que terminó en un fallo en su contra. El expediente, tramitado en el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 10 de La Plata, expuso las dificultades para probar la responsabilidad en accidentes ocurridos en la vía pública, aun cuando se presentan lesiones físicas y gastos médicos.
La demanda se dirigió contra la prestadora del servicio de agua potable y contra una persona identificada como propietaria del inmueble frente al cual ocurrió el incidente. Según consta en la resolución, la acción judicial se inició después de que la mujer tropezó con una tapa de servicio que sobresalía de la vereda, lo que provocó que impactara contra una pared y terminara en el suelo. A raíz de ese hecho, denunció haber sufrido lesiones graves que afectaron su funcionalidad, limitando su desempeño cotidiano.
La presentación judicial se fundamentó en la existencia de irregularidades en la acera, específicamente una tapa de agua que, según la reclamante, representaba un riesgo para los transeúntes. El inmueble vinculado al episodio estaba en obra avanzada y no contaba con numeración visible. La mujer argumentó que el elemento peligroso era de propiedad de la prestadora, y que el inmueble y su frente correspondían al otro demandado.
En su alegato, la demandante describió que el accidente tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019, cerca de las 10.30. Caminaba por la vereda cuando tropezó con la tapa, perdió el equilibrio e impactó contra la pared antes de caer al suelo. Detalló que el episodio le ocasionó lesiones de gravedad, por las cuales debió recibir atención médica y hasta someterse a una intervención quirúrgica en un hospital.
La defensa de la empresa sostuvo que la intervención de sus operarios se limitó a una reconexión interna dentro de la caja de agua en noviembre de 2019, sin realizar ningún tipo de reparación o modificación en la vereda. Además, la entidad aseguró que todas las tareas se realizaron con señalización adecuada, usando conos y vallas, y que la caja fue dejada cerrada correctamente. Ante la acusación, la compañía también destacó la existencia de una póliza de responsabilidad civil.
El otro demandado, propietario del inmueble, rechazó cualquier responsabilidad y argumentó que la demandante no lo vinculó directamente con el accidente, ya que la propia mujer señaló a la prestadora del servicio de agua potable como dueña del elemento riesgoso. Además, cuestionó la veracidad del hecho denunciado, señalando la ausencia de testigos presenciales y la falta de una denuncia penal o administrativa ante la compañía.
Durante el proceso, la reclamante modificó la suma reclamada para cubrir los gastos terapéuticos, tras informar que debió afrontar una operación médica. El expediente incluyó testimonios, informes periciales y documentación médica. También se analizó una audiencia videograbada en la que la mujer relató cómo ocurrió la caída, describiendo que el impacto la hizo salir despedida, primero golpeando con las rodillas y luego con el brazo contra una pared cercana.
El fallo, al que tuvo acceso Infobae, precisó que la versión presentada en la demanda no aportó detalles suficientes sobre la ubicación exacta de la tapa de agua ni la distancia respecto de la pared señalada. La jueza subrayó que la narración del accidente cambió en distintas etapas del proceso, lo que generó dudas sobre las circunstancias reales del hecho.
La sentencia analizó las pruebas aportadas y destacó que las fotografías incluidas en el expediente no permitieron identificar con precisión el entorno del accidente ni vincular los elementos fotografiados con el lugar denunciado. De acuerdo con el fallo, las imágenes mostraron tapas de agua y caños, pero no se pudo establecer con claridad que correspondieran al sitio detallado en la demanda.
El tribunal también valoró los testimonios ofrecidos. La única testigo, que conocía a la reclamante, llegó al lugar después de la caída y solo pudo relatar lo que le contó la mujer, sin haber presenciado el incidente. Otro testigo, relacionado laboralmente con uno de los demandados, tampoco presenció el hecho y solo aportó información sobre el desarrollo de la obra en el inmueble.
En cuanto a la prueba pericial, el informe de un arquitecto detalló el estado de la vereda, las reparaciones y la disposición de las tapas de agua y caños. Sin embargo, la inspección se realizó casi cuatro años después del supuesto accidente, lo que restó valor probatorio al estudio de las condiciones originales del lugar.
La resolución sumó la información de la pericia informática, que confirmó la autenticidad de las fotografías, aunque no logró despejar las dudas sobre la ubicación y contexto de los elementos retratados. La pericia psicológica, en tanto, introdujo nuevas variantes sobre cómo habría ocurrido la caída, mencionando la presencia de caños y maderas, circunstancias que no aparecieron en la presentación original.
En los certificados médicos aportados, se consignó que la mujer sufrió una “caída de propia altura” en la vía pública, sin detallar si el accidente estuvo relacionado con una tapa de agua o algún objeto externo. El informe del servicio de emergencias SAME solo registró un traslado por traumatismo, sin especificar la causa.
La jueza sostuvo que la reclamante no logró probar que el accidente se produjo por el elemento atribuido a la compañía y que las pruebas presentadas no acreditaron la existencia ni la ubicación del supuesto riesgo. El fallo remarcó que, ante la falta de precisión en la demanda y la ausencia de pruebas concluyentes, no se podía responsabilizar a los acusados.
Finalmente, el tribunal decidió rechazar la demanda de daños y perjuicios, ordenando que la reclamante afronte los costos del proceso judicial. La regulación de honorarios se difirió para una etapa posterior.
El caso pone de relieve la dificultad para acreditar hechos en la vía pública y la necesidad de pruebas claras y precisas para obtener una sentencia favorable en reclamos por accidentes. La resolución enfatizó la importancia de detallar con exactitud las circunstancias, los elementos involucrados y el escenario del incidente para que los tribunales puedan evaluar la responsabilidad de los eventuales demandados.