La entrada masiva de 70.000 personas a Ceuta ha dejado al descubierto varios agujeros en la capacidad de respuesta de España. A poco de cumplirse 20 días desde la avalancha migratoria que rebasó durante horas la ciudad autónoma, uno de los debates políticos se ha fijado en la defendibilidad del territorio ante eventuales ataques, ya sean militares o híbridos.
Actualmente, el Estado tiene movilizados hasta 9.000 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y militares. El número, cabe matizar, no será sostenible en el tiempo, ya que antes del 30 de julio apenas se concentraban algo más de 3.000 militares, entre regulares, legionarios, cuerpo de ingenieros, regimientos de caballería y artillería.
En este contexto, el PP registró el pasado mes de junio una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pretendía reforzar las capacidades del ejército en los enclaves de Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Rescatando dos batallones desaparecidos de la Legión hace más de dos décadas. Se trata de la II Bandera legionaria Carlos V del I Tercio Gran Capitán, con sede en Melilla y suprimida en 2006, y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba, con sede en Ceuta y depurada en 2007.
Ambos batallones desaparecieron como parte de la reestructuración en el Ejército de Tierra llevada a cabo por el Ministerio de Defensa de Carme Chacón, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía “modernizar” la estructura del Ejército. Desde entonces, las comandancias de Ceuta y Melilla se hallan encuadradas dentro del mando de Canarias.
Luis Peral, entonces senador del Grupo Popular, criticó la reestructuración porque la integridad territorial de España estaba amenazada desde hacía años, teniendo en cuenta que Marruecos ha reivindicado históricamente la soberanía en estos territorios y el precedente de la Marcha Verde. Por su parte, Defensa matizó que la reorganización no se traduciría en una reducción de los efectivos desplegados en ambas ciudades autónomas, sino que podrían permanecer en el territorio “completando las plantillas de las otras unidades”.
Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no revirtió esta situación, los populares rescataron el asunto en 2022, con el ejecutivo liderado entonces por la coalición PSOE-Podemos. Los senadores Sofía Acedo y Juan José Imbroda, expresidente de Melilla, preguntaron al Gobierno si tenía “intención y voluntad” de recuperar este batallón con su correspondiente dotación.
Moncloa rechazó taxativamente la propuesta, en parte, porque días después trascendería el giro en la posición española respecto a las relaciones bilaterales con Marruecos, cuando Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI expresando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental constituye “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.
Cuatro años más tarde, un mes antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el PP volvería a poner el acento en estos batallones. El texto cita el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos actualizados a enero de 2024, para señalar que España cuenta con 122.244 efectivos militares.
Ese volumen, añade la iniciativa, queda por debajo del umbral fijado en el artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Esa norma estableció un máximo de entre 130.000 y 140.000 efectivos en un contexto geopolítico que el grupo considera “distinto del actual”. La propuesta sostiene que la recuperación de estas unidades no tendría solo un efecto orgánico dentro del Ejército, ya que permitiría reforzar las capacidades operativas en los dos enclaves españoles en África.